Buscando nombre para una guerra / Estefanía Ciro*

Felipe Calderón se pasea por la COP26, organizada por una de sus ex funcionarias, contratada por Naciones Unidas en el más alto cargo sobre cambio climático en el mundo. El ex presidente mexicano está impune después de desatar el desangre en un país que firmó la Iniciativa Mérida y ejecutó la receta de la “guerra contra las drogas”. Esta se convirtió en la más reciente expresión del modelo económico-militar de un proceso de mediano aliento que tomó impulso con Miguel de la Madrid, que concretó en las últimas décadas la destrucción de la soberanía petrolera y eléctrica, y la expansión de las concesiones privadas minero-energéticas en México. Tal vez, la disputa no era el narco, era un modelo económico.

Colombia da pistas similares. Hace dos años en un pueblo en el sur de Colombia, un campesino me relató que el ejército colombiano había ejecutado una operación militar en una finca cercana y que se había llevado una mujer embarazada que terminó perdiendo su bebé posteriormente. En otra operación días después se llevaron a una madre que estaba amamantando y dejaron a su bebé recién nacido lejos de la madre por meses. Todos acusados de deforestadores, el nuevo criminal.

Ese fue el inicio de la Operación Artemisa, una campaña del presidente colombiano Iván Duque que transformó el ambiente en un asunto de seguridad nacional. El experimento lo inició en una de las regiones que soportó la mayor intervención del Ejército colombiano y de Estados Unidos, la cereza del pastel de la guerra en Colombia y, según artículos científicos, uno de los hot spots de biodiversidad en el mundo –o Key Biodiversity Area, según Conservation International–: La Serranía de la Macarena y los demás parques nacionales naturales a su alrededor, en la bisagra de la Amazonia y Orinoquía colombiana.

Dos son las estrategias del manual que vienen aplicando con pericia las élites colombianas para imponer el modelo económico extractivista: la primera es inventarse nuevos criminales. Tras los acuerdos de paz, el Estado colombiano lanzó la Operación Artemisa y decretó la nueva legislación que convirtió en delito la deforestación. Por supuesto, en la práctica persiguen a las familias campesinas, pero dejan impune al gran capital que está detrás del aterrador aumento de la deforestación en el país.

Tras la intervención específica en esta región de la “lucha contra las drogas”, se anuncia una nueva: la “lucha contra la deforestación”. Saltamos del narcocultivador al deforestador; el populismo militarista inaugura su nueva careta o, mejor, como lo entona la cantautora chilena Evelyn Cornejo: “Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas”.

La segunda estrategia es el enorme poder distractor de la disculpa del narco. La narcoguerrilla y la “lucha contra el narcotráfico” fue y sigue siendo el show perfecto de consumo mediático mientras el Estado colombiano emprende transformaciones económicas agresivas, como las relativas al control minero-energético de importantes minas de ferro-níquel, de carbón y de petróleos. En medio del Plan Colombia, el gobierno colombiano dinamizó la concesión privada de exploraciones petroleras y mineras. Claramente, Washington tenía otra guerra en mente.

Por el momento, grandes extensiones de selva están cayendo bajo los intereses de actores de los cuales el Estado colombiano no da nombres, no abre expedientes judiciales ni tiene interés en controlarlos. El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en sus recientes publicaciones que se ofrecía para la defensa de la Amazonia en Colombia y la reciente declaración de Joseph Biden, el 25 de octubre sobre el país, advierte de un nuevo enfoque “holístico” para el tema de las drogas en el que se compromete a involucrarse en la protección de la Amazonia de la amenaza del “narcotráfico”.

En la COP26, el presidente de Colombia anunció que va a declarar 30 por ciento del país como área protegida, aumentando el peligro de criminalización sobre aquellos que poblaron unas tierras, sobre cocaleros, sobre a quienes no se quedaron debiendo los compromisos de los acuerdos de paz. Y el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a apoyar. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta nueva etapa de la guerra?

*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana AlaOrillaDelRío. Su libro más reciente es Levantados de la selva.

Fuente: La Jornada

AWS