Apoyado por la ASE, Quirino pasó el primer “cedazo”

ÁLVARO ARAGÓN AYALA 

Bajo la presión de los diputados de la 64° Legislatura, pero sobreprotegido por la Auditoría Superior del Estado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel logró dar el primer paso para alcanzar, en lo individual, la anhelada impunidad civil, penal y administrativa. El periodo de gobierno quirinista culmina el próximo 31 de octubre. 

La Comisión de Fiscalización aprobó la cuenta pública del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal 2019 en medio de la descalificación, en la glosa legislativa del quinto y último informe, de los funcionarios del gobierno quirinista y la desaprobación de las cuentas públicas de la mayoría de los entes estatales.   

El mandatario estatal “planchó”, con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado y mediante “acuerdos”, de los que nadie quiere hablar, el blindaje al ejercicio fiscal administrativo del 2019. Falta ver los resultados todavía de las auditorías que se le practiquen al gobierno estatal por el quehacer y uso de los presupuestos del 2020 y 2021.  

Con el respaldo de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera y prendido de las enaguas de la Cuarta Transformación, Quirino Ordaz Coppel “negoció” su blindaje para una salida airosa de su gobierno, el 1 de noviembre, pero dejó al garete, casi en la indefensión, a la casi totalidad de los funcionarios de su gabinete responsables de la operación de las dependencias estatales. 

En la revisión y aprobación de la cuenta pública del Ejecutivo Estatal no se incluyó aún la construcción del estadio de futbol Kraken de Mazatlán, la inversión en estadios de béisbol, la compra del edificio Homex y la inversión de más de mil 905 millones de pesos en publicidad y propaganda. Inexplicablemente, la auditora superior del Estado no “revisó” estos casos.     

Salvado él, cuando menos de la revisión del 2019, la lectura que envía Ordaz Coppel a su cuerpo de colaboradores es que de aquí para adelante “cada quien le tendrá que rezar a su santo” y proceder a comprobar, en lo individual, al Congreso Local y a la Auditoría Superior del Estado el uso correcto de los recursos y programas que se les puso a disposición o de lo contrario tendrán que enfrentar juicios de carácter civil, administrativo o penal. 

En la sesión ordinaria del martes, el Congreso del Estado dio lectura al dictamen que no aprueba el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019. Los diputados se basaron en las conclusiones técnicas del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización que advierte que tanto el Ejecutivo estatal como los ayuntamientos “no se ajustaron a sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos y demás leyes aplicables”. 

Sin embargo, se aclara que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa remitió a la Comisión de Fiscalización el Detalle de Resultados con observación solventada y/o atendida durante la etapa de evaluación de respuestas del ejercicio fiscal 2019. Ese “Detalle de Resultados” dio margen para la aprobación de la cuenta pública del Poder Ejecutivo.  

Es decir, con el apoyo de la auditora Ema Guadalupe Félix, en lo individual, se aprobó la cuenta del Poder Ejecutivo, pero también el Congreso Local mandató a la ASE informar al Legislativo sobre el avance de las correspondientes solventaciones que ya realizó o tendrá que realizar Quirino Ordaz Coppel. 

En las comparecencia por la glosa del quinto y último informe de gobierno quirinista, el titular de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega Domínguez, fue acusado de invertir excesivamente en publicidad y en estadios de particulares y de mantener en la opacidad el gasto público, cuya inversión “no mejoró valor y mucho menos mejoró la calidad de vida de las personas”; a Osbaldo López Angulo de Obras Públicas, los diputados le dijeron que “prevalece la opacidad y la no rendición de cuentas”, además de que el gobierno desechó las licitaciones para asignar de manera directa las obras públicas. 

En la glosa, al titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía, los legisladores le dijeron que en la dependencia a su cargo hay “aviadores”, opacidad en la inversión en infraestructura educativa y un manejo de la pandemia que no corresponde con la realidad en este regreso a clases.  

Para desgracia de la mayoría de los integrantes del gabinete de Quirino Ordaz Coppel, el Pleno del Congreso del Estadio reprobó las cuentas públicas de la casi totalidad de todos los entes estatales, con excepción de tres: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa, Régimen Estatal de Protección Social en Salud y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa. 

Los diputados de la 64° Legislatura no aprobaron las cuentas relativas a los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior de los Recursos Públicos de los siguientes Entes Públicos Estatales: 

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin). 

El Colegio de Sinaloa. 

Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa. 

Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin). 

Servicios de Salud de Sinaloa. 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. 

Universidad Tecnológica de Escuinapa. 

Universidad Politécnica de Sinaloa. 

El Congreso tampoco aprobó las cuentas públicas de los órganos autónomos constitucionales siguientes: 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 

Así, con el apoyo de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera que tendrá que remitir al Congreso las observaciones ya solventadas por el gobernador y con la posibilidad y probabilidad de que la Unidad Técnica de Evaluación del Congreso Local audite a la ASE para saber si en verdad gozan de sustento administrativo y contable las documentaciones referentes a las cuentas públicas que revisan los diputados, el gobernador Quirino Ordaz paso el primer “cedazo”, el del 2019, quedando al garete varios miembros de su gabinete, que al igual que él se han caracterizado por el opaco manejo de los dineros públicos.  

AWS