El Fiscal General y la “mafia del poder”

 ÁLVARO ARAGÓN AYALA

Juan José Ríos Estavillo pertenece a un enclave de funcionarios estatales forjados o capacitados para que protejan a la “mafia del poder” y conserven los viejos andamiajes de la nomenclatura priista en la Fiscalía General de Justicia del Estado, órgano público autónomo, que por ley y en la práctica debe ser garante de los derechos humanos y responsable de la investigación de los delitos del orden común.  

Egresado de la Escuela Libre de Derecho, institución privada en la que se instruye o prepara a los “cachorros” de la casta divina priista y panista para que accedan el poder y mantener el estatus quo en el estado, a Ríos Estavillo se le ha facilitado arribar a los puestos públicos por razones genéticas, de compadrazgos y de componendas del poder.  

Ríos Estavillo ahora enfrenta el dilema de dejar de manera “tersa” o “armoniosa” la Fiscalía General del Estado o bien someterse al imperio de la ley por actos omisivos o por complicidades que han impedido el curso de investigaciones y la aplicación de la ley en Sinaloa. La 63° Legislatura creó el instrumento jurídico para poder exigir su remoción inmediata.  

Los días de gloria estatal tocaron las puertas de Juan José Ríos Estavillo durante el sexenio de Jesús Aguilar Padilla quien lo designó, mediante una convocatoria pública amañada, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el periodo de marzo del 2008 a marzo del 2012, con el propósito de congraciarse con un segmento de abogados y notarios públicos amigos del padre de Estavillo, el ex secretario general de gobierno Eleuterio Ríos Espinoza. 

Para no “levantar olas”, Mario López Valdez lo ratificó en la CEDH para un periodo más, de marzo del 2012 a marzo del 2016. El plazo se alargó por 90 días mientras Quirino Ordaz Coppel “planchaba” su arribo a la Fiscalía General de Justicia Estado. Malova pujó por el rescate de la “figura histórica” de Antonio Toledo Corro, en cuyo sexenio fue secretario general de gobierno Eleuterio Ríos Espinoza. 

Ríos Estavillo fue premiado en el 2017 por Quirino Ordaz con la titularidad de la FGJ por su amistad con él, no por sus capacidades. Quirino es amigo de la juventud de Fiscal General de Justicia: sus relaciones convergen en las relaciones políticas y familiares del padre de Estavillo, el notario Eleuterio Ríos Espinoza y el padre del actual gobernador, Quirino Ordaz Luna (+). 

A su compadre Ordaz Luna, padre del mandatario estatal, el gobernador Antonio Toledo Corro le encomendó la ejecución de algunas obras y lo convirtió en alcalde de Mazatlán y a Eleuterio Ríos lo designó su secretario general de gobierno, después del fallecimiento de Marco Antonio Arroyo Cambero y la caída de Jorge Romero Zazueta. El propio Quirino Ordaz fungió como secretario particular de Toledo Corro; después partió al Estado de México. 

La relación entre sus padres y la amistad familiar fue la clave para la designación de Juan José Ríos Estavillo como titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado pese a los pobres resultados que arrojó como presidente de la CEDH. 

La 63° Legislatura del Congreso Local creó la figura legislativa-legal-jurídica para romper el mito de la inmovilidad del Fiscal General por el hecho de ser un organismo público autónomo. Las normas legales facultan al gobernador en funciones para que remueva o cese al Fiscal General por las siguientes causas: 

I. Cuando por deficiencias graves en su actuación no se cumplan los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Persecución Penal. 

II. Por abuso o ejercicio indebido del cargo que le corresponde como Fiscal General; así como por autorizar indebidamente el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, por sí o por conducto del servidor en el cual delegue dicha facultad. 

III. Por incapacidad total o permanente que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses. 

IV. Por incurrir en la violación del deber contemplado en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y 

V. Por incurrir en alguna de las faltas administrativas graves de las previstas por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa. 

En Sinaloa las carencias y las fallas en materia de investigación y persecución de delitos alimenta la impunidad provocando que suba la incidencia criminal. El Fiscal General de Justicia manipula no solo las estadísticas de los delitos que mantienen a la población en el estatus de rehén del miedo, sino que desmanteló el cuerpo de investigadores profesionales reduciendo el margen de maniobra contra el crimen de los agentes del Ministerio Público. 

El fracaso de la Fiscalía se palpa en los pírricos resultados en el combate a la violencia, en el área de investigación, pues Juan José Ríos la convirtió en un ente burocrático más que permanece indiferente a la ola criminal, a las denuncias de “levantones” y desaparecidos, a los hallazgos de tumbas clandestinas, feminicidios y otros delitos sumamente graves.    

AWS