Dan a poder Judicial 1,425 millones de pesos menos de lo que pidió para 2023

Se prevé destinar unos 896.4 millones de pesos para la protección de juzgadores en el territorio mexicano.

El poder Judicial dispondrá el próximo año de un presupuesto que asciende a 78,544 millones 491,126 pesos, cifra 6.5% superior, en términos nominales, al gasto autorizado para 2022.

Esto, pese al recorte por 1,425 millones 136,515 pesos aplicado por la Cámara de Diputados.

El ente autónomo solicitó en su proyecto presupuestal para el ejercicio fiscal de 2023 que la Cámara baja le aprobara ejercer 5,733.9 millones de pesos; una variación nominal superior en 8.5% al gasto por 5,284.9 millones de pesos asignado para el año en curso, petición que fue denegada por los diputados federales.

Por el contrario, de acuerdo con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del año entrante recién aprobado, la Cámara baja decidió ajustar el gasto del poder Judicial y lo redujo en 1,425 millones 136,615 pesos respecto del proyecto solicitado originalmente.

Recursos por órganos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dispondrá en 2023 de 5,630 millones 534,430 pesos; el monto es inferior en 103 millones 315,570 pesos a lo solicitado por el máximo tribunal constitucional del país.

El recorte al gasto solicitado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el año siguiente fue de 1,286 millones 576,408 pesos; de ahí que el año siguiente ejercerá un gasto por 69,933 millones 886,433 pesos.

Mientras que el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) suma 2,980 millones 70,263 pesos, tras el recorte aplicado por 35 millones 244,537 pesos.

Presupuesto austero

El proyecto de PEF del poder Judicial de la Federación propuesto, detalla la Estrategia Programática, se formuló considerando la relevancia que, dentro de un esquema de división de poderes, tiene dicha rama del Estado para garantizar la solución pacífica de controversias y para asegurar la confianza ciudadana en que las respuestas serán justas y apegadas a la Constitución.

«Para el 2023, se propone un proyecto de Presupuesto de Egresos que integra los recursos necesarios para mantener la operación regular del poder Judicial de la Federación, en consistencia con las acciones de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos de los últimos cuatro años; asimismo, integra las previsiones necesarias para la consecución de los objetivos planteados en las reformas transformadoras implementadas por el H. Congreso de la Unión”.

A fin de culminar en 2023 la implementación de la reforma laboral, refiere, el poder Judicial trabaja en la instalación de la tercera etapa de los Tribunales Laborales, en coordinación con el poder Ejecutivo que está instalando Oficinas Delegacionales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Según el análisis de la demanda de asuntos ingresados en los Tribunales de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, agrega, se requerirá la instalación de Tribunales adicionales, para hacer frente a la misma.

Así como que la instalación de los Tribunales Laborales requiere de la previsión de múltiples recursos para atender su mandato legal.

“El primer y más importante requerimiento son las personas servidoras públicas especializadas en la materia, quienes, en el marco de la nueva Carrera Judicial, integran las plantillas de cada Tribunal con la emisión de concursos públicos y abiertos para cada una de sus plazas”.

Compromiso

Derivado de la reforma judicial, el próximo año habrán de consolidarse los cambios legales y el compromiso del poder Judicial es impulsar la transformación sin requerimientos presupuestarios adicionales, por lo que el proyecto de gasto para 2023 no incluye recursos adicionales para dicha implementación, precisa.

El documento refiere que el poder Judicial mantiene como prioridad garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados a fin de que la impartición de justicia quede blindada a los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción.

El proyecto presupuestario prevé una asignación de 896.4 millones de pesos para garantizar la seguridad de las personas juzgadoras.

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Rolando Ramos

Fuente: El Economista